Finalmente, el  día 2 de noviembre de 2016, hemos recibido una respuesta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El resumen de la misma expresa: 

En relación con su denuncia relativa a posibles incumplimientos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por parte de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), se comunica lo siguiente:

Con la información aportada por ustedes este Consejo no se encuentra en condiciones de intervenir al no darse los requisitos legales para ello. Las comunicaciones que han tenido lugar entre ustedes y la DGOJ no responden a una solicitud de información formulada al amparo del artículo 17 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, sino a una consulta de carácter específica en materia de juego. 

En una palabra, que hemos de hacer la pregunta por el canal oficial correspondiente. Entendemos que el Consejo de Transparencia no ha podido ir más allá ante el ardid normativo de la DGOJ. No obstante, la cuestión queda bien diáfana: los dirigentes de la DGOJ no quieren contestar a la pregunta. 

La recordamos de nuevo:

¿Desde la DGOJ se ha solicitado en alguna ocasión a las empresas homologadoras de software un análisis de la interrelación y de la interacción existente entre las cartas de los jugadores y las cartas comunitarias?

Entre otras gestiones, seguiremos la recomendación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de enviar la incómoda pregunta por el canal administrativo adecuado.

Mientras tanto, pasan los años y nadie puede asegurar que los jugadores de poker online no están siendo perjudicados por la falta de controles más adecuados.