A 20 de agosto ya queda menos para recibir una respuesta por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Somos moderadamente optimistas al respecto, a pesar de que tenemos confianza en la reclamación que interpusimos. 

 Sea como fuere, desde la Asociación Nacional para la Confianza, Seguridad e Integridad en el Poker, seguimos con el ánimo bien alto, dispuestos a dar los pasos pertinentes para llevar la transparencia al mundo del poker online.

 Entendemos que en los tiempos del .com la seguridad era inexistente, pero al menos todos sabían a que atenerse.

 Desde la aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego en España, somos de la opinión que la seguridad implícita ha empeorado. Cierto es que se hacen algunos controles pero son insuficientes. La resultante de todo ello se resume en la siguiente frase:

 Hay algo peor que estar desprotegido: creer que se está protegido sin estarlo.

Mientras esperamos la respuesta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nuestra solicitud de información a la Dirección General de Ordenación del Juego -tienen hasta tres meses para hacerlo desde que presentamos nuestra Reclamación-, comentaremos una de tantas gestiones que hemos realizado con diferentes empresas y entidades, concretamente una del año 2016, con JDigital.

Se presentan como una asociación sin ánimo de lucro que quiere velar por los intereses del juego online en España, ya sea de las empresas proveedoras como de los usuarios.

Podríamos de acuerdo con ellos en cuanto a las comisiones que tienen que pagar, que de un modo u otro se cargan a los usuarios, en una mejora de la fiscalidad de los jugadores de poker online, así como en la internacionalización del poker online en lo relativo a la liquidez compartida. Pero claro, antes, mucho antes que eso, habría que abrir las bodegas para que la transparencia fuese santo y seña de su identidad.

Fue el 15 de junio de 2016 cuando nos dirigimos a Anna Buxó, por aquellos días y también en la actualidad, secretaria general de JDigital. Le expusimos nuestros objetivos y nuestra colaboración. A día 28 de julio de 2017, todavía no se ha dignado a contestar.

Que conste en acta y que sirva de precedente para cuando las cosas se pongan más complicadas.

El 21 de junio hemos iniciado una Reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como consecuencia de la negativa de los responsables de la Dirección General de Ordenación del Juego  a ser mínimamente transparentes.

Unos párrafos de nuestra reclamación expresan lo siguiente:

                   Asimismo, para ponerles en antecedentes creemos relevante comentar que nuestra Asociación tuvo su origen a raíz de las conversaciones telefónicas mantenidas con la Subdirectora General de Inspección del Juego, la Sra. Cecilia Pastor (…)

De las mismas se podía deducir una  precariedad en los controles y un gran desconocimiento del contenido y de las posibles variables e incidencias del poker online, con un compendio de afirmaciones que en más de una ocasión, por su alcance, hemos ofrecido comentar de manera privada  (…)  Cabe decir que en ningún caso hubo interés alguno en tener conocimiento de los comentarios de la Sra. Cecilia Pastor, a pesar de ofrecer por nuestra parte un careo con la mencionada  señora, en presencia de un alto cargo del Ministerio de Hacienda. 

También merece la pena recordar que en diferentes ocasiones nos hemos ofrecido para colaborar de manera desinteresada con la Dirección General de Ordenación del Juego, con el objetivo de mejorar unos controles que a tenor de los mencionados comentarios de la Sra. Cecilia Pastor, las quejas masivas de los jugadores en Internet,  determinadas afirmaciones de analistas de empresas homologadoras, así como la nula transparencia y mala reputación de algunas casas de poker, hacen necesaria una mejora y ampliación de las exigencias de los mismos.             

El día 17 de mayo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nos ha remitido un texto firmado por el Director de la Dirección General de Ordenación del Juego, el Sr. Juan Espinosa. En el mismo se comentan las cuestiones que planteamos en nuestro escrito enviado el día 6 de abril de 2017.

El problema es que todas las respuestas siguen el mismo patrón: se refugian en la confidencialidad y en los posibles perjuicios.

Al parecernos una excusa con una argumentación muy pobre, vamos a interponer una reclamación ante Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de acuerdo a la facultad que nos asiste, según consta en el mencionado escrito de fecha 17 de mayo de 2017.